El Consejo, como uno de los sujetos obligados, reglamentó la implementación de la Ley y procuró así que los ciudadanos puedan ejercer mejor su derecho de acceso a la información pública.
La Ley y su reglamentación fijan los plazos en los que los poderes estatales deben responder los pedidos de información de los ciudadanos, establece reglas claras y expresas para restringir los casos en los que la información no puede ser difundida, define organismos específicos para que garanticen el derecho, enumera la información que el Estado necesariamente debe publicar aunque ningún ciudadano la solicite y crea mecanismos para hacer exigible el derecho.
Esta ley busca garantizar que toda persona, sin necesidad de explicar por qué y para qué, pueda pedir, buscar, acceder y difundir los datos, registros y documentos en poder del Estado. La Ley representa un avance hacia un Estado más transparente, fortaleciendo las instituciones, el gobierno abierto y el fomento de la participación ciudadana.